Schneiderman presenta demanda para bloquear propuesta sobre ciudadania en el censo

NUEVA YORK – Hoy, el Fiscal General de Nueva York Eric T. Schneiderman, encabezando una coalición de 18 fiscales generales, 6 ciudades y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de los Estados Unidos, presentó una demanda para impedir que la administración de Trump exija información sobre ciudadanía en el Censo decenal de 2020. Exigir información sobre ciudadanía en el Censo deprimiría la participación en estados con grandes poblaciones de inmigrantes, amenazando directamente la representación justa de esos estados en el Congreso y el Colegio Electoral, así como miles de millones de dólares en fondos federales críticos para educación, infraestructura, Medicaid y más.

“Una de las obligaciones más solemnes del gobierno federal es un conteo justo y preciso de todas las personas en el país, ciudadanos y no ciudadanos por igual”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Durante décadas, las administraciones de ambos partidos han tratado este requisito constitucional con el respeto y la reverencia que merece. Ahora, la administración de Trump está rompiendo con esa tradición, abandonando imprudentemente casi 70 años de práctica al exigir saber el estatus de ciudadanía de cada habitante. Dado que las comunidades de inmigrantes ya viven con miedo, exigir el estatus de ciudadanía los llevaría a las sombras, lo que daría lugar a un conteo por debajo de la realidad que amenaza con quitar miles de millones de fondos federales para Nueva York y nuestra justa representación en el Congreso y el Colegio Electoral. Estoy orgulloso de dirigir esta coalición en la lucha por un Censo completo y justo”.

La demanda, que se presentó esta mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, estuvo dirigida por el Fiscal General Schneiderman y cuenta con la participación de los Fiscales Generales de Nueva York, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont Washington y el Distrito de Columbia; también los alcaldes de la ciudad de Nueva York, Chicago, Filadelfia, Providence, San Francisco y Seattle; y la Conferencia Bipartidista de Alcaldes de los Estados Unidos.

Conforme a la Constitución, la Oficina del Censo tiene la obligación de determinar “el número total de personas en cada estado”. Sin embargo, se espera exigir que la información sobre ciudadanía en el Censo reduciría la participación de los inmigrantes, causando un conteo insuficiente de la población que afectaría desproporcionadamente los estados y ciudades con grandes comunidades de inmigrantes. Los no ciudadanos se cuentan en el censo a los fines de los fondos federales, la distribución de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral, así como para la demarcación de los distritos estatales y locales.

El 12 de diciembre de 2017, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Solicitó que la Oficina del Censo exigir información sobre ciudadanía en el formulario del censo 2020 enviado a todos los hogares en los Estados Unidos, aunque se supone que el censo debe contar todas las personas, ciudadanos y no ciudadanos por igual. El Departamento de Justicia argumentó que la recopilación de dicha información era necesaria para garantizar la aplicación adecuada de la Ley de derechos electorales de 1965. Sin embargo, como argumentaron el Fiscal General Schneiderman y otros 18 estados en una carta enviada al Secretario de Comercio en febrero, la demanda tendría exactamente el efecto opuesto al reducir la participación en comunidades de inmigrantes, una preocupación que es aún más aguda en el clima político actual. El recuento insuficiente resultante privaría a las comunidades de inmigrantes de una representación justa cuando se distribuyan los escaños legislativos y se tracen las líneas de los distritos.

La demanda de hoy se presenta bajo la Cláusula de Enumeración de la Constitución de los EE. UU., Ya que esta acción de la administración Trump impedirá una “Enumeración real” requerida por la Constitución. También se encuentra bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, que permite a los tribunales anular decisiones ilegales, arbitrarias o caprichosas de agencias gubernamentales.

Como demuestra la propia investigación de la Oficina del Censo muestra, la decisión de exigir información de ciudadanía “pondrá inevitablemente en peligro la precisión general del conteo de la población” al disuadir significativamente la participación en comunidades de inmigrantes, debido a las preocupaciones sobre cómo el gobierno federal utilizará la información de ciudadanía. Estas preocupaciones se amplifican con la retórica antiinmigrante del presidente Trump y el patrón de acciones dirigidas a las comunidades de inmigrantes.

En 1980, la Oficina del Censo rechazó la adición de una pregunta de ciudadanía y dijo: “Cualquier esfuerzo para determinar la ciudadanía inevitablemente pondrá en peligro la precisión general del conteo de la población. Obtener la cooperación de una población desconfiada y temerosa sería imposible si el grupo que se está contando percibiera alguna posibilidad de que la información se utilice en su contra. Las preguntas sobre ciudadanía son particularmente delicadas en las comunidades minoritarias e inevitablemente desencadenarán hostilidad, resentimiento y una negativa a cooperar”.

En 2009, los ocho exdirectores de la Oficina del Censo – que prestaron servicios bajo presidentes demócratas y republicanos- afirmaron que exigir información de ciudadanía deprimiría la participación y conduciría a un recuento insuficiente significativo, lo que socavaría el propósito del propio Censo. Como se establece en la demanda de hoy, la decisión de la administración es inconsistente con las obligaciones estatutarias de la Oficina del Censo, no está respaldada por una justificación indicada, se aparta de décadas de práctica establecida sin explicación razonada y no considera la disponibilidad de datos alternativos que puedan servir efectivamente a las necesidades del gobierno federal.

La demanda también enfatiza el daño irreparable que resultará de las imprecisiones en el Censo 2020 causadas por la exigencia de información sobre ciudadanía. Cientos de miles de millones de dólares en fondos federales están directamente relacionados con la información demográfica obtenida a través del censo, incluido el Fondo Fiduciario de Carreteras y otras subvenciones del Departamento de Transporte, Subsidios para el Desarrollo de Cuidado Infantil y Medicaid. En consecuencia, los recuentos imprecisos pueden privar a los estados de fondos muy necesarios diseñados para proteger a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos.

El censo decenal también se usa para asignar escaños en la Cámara de Representantes, y cada estado demandante confía en la información de población de la Oficina del Censo para elaborar planes de redistribución de distritos a nivel estatal para sus distritos legislativos estatales y del Congreso. Exigir información sobre la ciudadanía causaría una subpoblación desproporcionada en las comunidades con poblaciones inmigrantes y, por lo tanto, evitaría que los estados demandantes cumplan con el requisito constitucional de un voto por cada persona y crearía imprecisiones distributivas en los estados de datos para trazar las líneas de distritos.

Además, la demanda de ciudadanía deprimiría la participación del censo dentro de las diversas poblaciones inmigrantes e indocumentadas de los estados, lo que llevaría a respuestas inexactas y a una importante subestimación de los residentes de los estados. Como resultado, un conteo insuficiente de la población en los estados que albergan grandes comunidades de inmigrantes perjudicará la representación justa, un principio fundamental para el tejido de nuestra democracia.

“La ciudad de Nueva York se unirá a la demanda del Fiscal General Schneiderman para detener al presidente Trump de esta medida sin precedentes para politizar el censo. Un conteo 2020 justo y preciso tiene mandato constitucional para garantizar que el poder político y los recursos permanecen con la gente, donde pertenece. La decisión del presidente Trump pone en peligro a nuestra gran ciudad de inmigrantes y amenaza el financiamiento federal para la infraestructura, el cuidado de la salud y la seguridad pública en Nueva York”, dijo el alcalde de Blasio.

“Desde que asumió la presidencia, Donald Trump no ha perdido la oportunidad de dividir este país, construyendo muros entre las realidades de las contribuciones que los inmigrantes han hecho a nuestro país y al mismo tiempo difundiendo mentiras que se adaptan a su base derechista. Esta movida tiene el potencial de disminuir la participación en el Censo 2020 en comunidades vulnerables, crear una base de datos que pueda usarse para castigar a las comunidades de inmigrantes y hacer que la Ciudad de Nueva York pierda recursos federales. El Fiscal General Schneiderman está liderando el camino para que toda la nación combata esta política, y me enorgullece apoyar sus esfuerzos para luchar contra la administración Trump y preservar la santidad del Censo 2020”, dijo el Presidente del Condado de El Bronx, Ruben Díaz Jr.

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